Las televisiones públicas y privadas están obligadas por ley desde este viernes, día 31, a ofrecer unos porcentajes mínimos de programación accesible para personas con discapacidad.

Lo prevé la disposición transitoria quinta de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, y que fija los servicios de accesibilidad que deberán haber alcanzado las cadenas a 31 de diciembre de cada año.

Las cadenas privadas deben tener disponible desde este viernes al menos un 25% de su parrilla subtitulada (un 45% en diciembre de 2011, un 65% en 2012 y un 75% en 2013); media hora de lengua de signos (una hora, hora y media y dos horas en años sucesivos) y otra media hora de audiodescripción (una hora, hora y media y dos horas hasta 2013).

Para las cadenas públicas, estas obligaciones serán mayores: 25% de subtitulación en 2010, 50% en 2011, 70% en 2012 y 90% en 2012. En cuanto a lengua de signos y audiodescripción, deberán dar de cada una, una hora en 2010, tres en 2011, siete en 2012 y diez en 2013.

El artículo 58 de la Ley Audiovisual considera infracción grave el incumplimiento en un canal, durante más de cinco días en un periodo de diez días consecutivos, de sus "deberes de accesibilidad", con una sanción que acarreará multa de 100.001 hasta 500.000 euros.

"Asumibles"

Los operadores de televisión han pedido al Ministerio de Industria que les rebaje las obligaciones en materia de accesibilidad que les ha impuesto la Ley Audiovisual.

Las cadenas han solicitado a Industria que esas exigencias sean obligatorias por operador, y no para cada uno de los canales, según reveló el pasado 1 de diciembre el director general de Telecomunicaciones, Juan Junquera, durante su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integradas de Discapacidad, donde respondió a preguntas del PP y el PSOE sobre las medidas adoptadas para facilitar la accesibilidad a la TDT a personas con discapacidad.

El director general aseguró que Industria ha dicho "no" a esa petición del sector: "No es asumible, porque podría provocar que la accesibilidad sea completa en unos canales y no en otros".

Junquera manifestó que no tiene "ninguna duda" de que las televisiones "van a cumplir" las exigencias sobre accesibilidad previstas en la Ley Audiovisual, entre otras cosas porque está convencido de que los porcentajes progresivos que deberán ir cumpliendo de aquí a 2013 son perfectamente "asumibles".

Así se deduce de los resultados de la encuesta realizada a través de Internet que fueron presentados ayer en Granda por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, junto a la directora general de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, Sandra García.

La encuesta, realizada para contrastar las líneas generales del Plan de Calidad Turística de Andalucía 2010-2012 y para recoger propuestas que enriquezcan su contenido,  recibió un total de 13.246 respuestas cuyas aportaciones se incorporarán al plan con el objetivo de que este documento, que ya se está aplicando en su articulación más básica, alcance un mejor ajuste a las necesidades de los visitantes y al cambio de modelo turístico de Andalucía.

En este sentido, el consejero adelantó que, atendiendo a los comentarios realizados por profesionales del sector turístico y ciudadanos, el plan reforzará aquellas medidas que representen una apuesta por la accesibilidad del destino, la puesta en valor de los espacios naturales y la sostenibilidad, el conocimiento de las necesidades y la satisfacción de los clientes y la formación del personal que interviene en el turismo.

Accesibilidad

Más de la mitad de los entrevistados opinan que las infraestructuras turísticas están poco o nada adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad.

El consejero subrayó que se incrementará el esfuerzo para lograr que la accesibilidad turística sea una realidad en Andalucía y señaló que más del 97% de los encuestados opina que un turismo de calidad debe ser accesible.

Al respecto, indicó que se trata de un mercado de enorme potencial, ya que en Europa "residen 50 millones de personas con discapacidad y unos 35 millones viajan habitualmente".

Anunció también que el nuevo Plan de Calidad contará con un epígrafe específico que promueva una fórmula que, "más allá de las certificaciones, impulse un cambio de conciencia hacia la accesibilidad en las pymes turísticas", aumentando la promoción de establecimientos y servicios plenamente accesibles e innovando en información turística para este colectivo.

La fundación FIDAS (Fundación de los Colegios de Arquitectos de Sevilla y Huelva) y el Grupo TTV, han organizado una jornada técnica de presentación sobre "Soluciones constructivas para edificios sin ascensor" para el jueves, día 20 de enero de 2011 a las 19:00 h.

Programa:

• Presentación del Grupo TTV.
• Presentación de estructuras modulares para ascensores (TC series).
• Modelos y detalles de acabado y remate.
• Presentación de soluciones estructurales para supresión total barreras arquitectónicas (SAT series).
• Soluciones y detalles de acabados y remates.
• Certificados, calculos y homologaciones.
• Ventajas de los productos TTV.
• Preguntas.

Ponentes:

• D. Miguel Ochotorena - Ingeniero jefe de diseño Grupo TTV,
• D. Luis Jiménez - Arquitecto,
• D. Julio J. García - Director comercial Grupo TTV.

Documentación a entregar a los asistentes:

• Catalogo técnico en papel,
• Tarjeta modelo usb con catálogo técnico,
• Muestras de material TTV de pequeño tamaño.

Contacto Dpto. Técnico de la empresa:
Tlf. 916.682.196 - David Hurtado / Miguel Ochotorena.

Destinatarios:
Arquitectos colegiados de Sevilla y Huelva.

Inscripciones:
A través de la web de Fidas www.fidas.org, en el apartado de Formación Fidas / Jornadas técnicas, llamando al teléfono: 954 46 01 20 o escribiendo a formacion@fidas.org.

A partir del próximo viernes, 17 de diciembre, todo aquel vehículo que acceda al Centro sin tener la debida autorización y permanezca más de 45 minutos en el casco histórico o no cumpla con los itinerarios exigidos será sancionado con 70 euros. De este modo, termina el periodo que comenzó el pasado 21 de octubre en el que las sanciones no han sido efectivas, por lo que  el Plan Centro, se aplicará de forma estricta a partir del 17 de diciembre, coincidiendo con el plan policial de Navidad.

Información relacionada:

Acreditación para acceso al Casco Histórico de vehículos de personas con movilidad reducida.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 3 de diciembre la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de once leyes.

Las modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley afectan a diversas materias, como empleo, sanidad, infraestructuras, protección civil o cooperación internacional.

En materia de empleo se revisa la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad a un mínimo del 7 por 100. Asimismo se crea por vez primera con rango legal, una cuota específica, dentro de la genérica, para personas con discapacidad intelectual. Así, al menos el 2 por 100 de las plazas ofertadas serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto, por personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Además, se establece que en el plazo de un año el Gobierno promoverá medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2 por 100 de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de cincuenta trabajadores y para establecer condiciones para la ejecución de los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad.

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal

Asimismo, se actualiza la definición legal de "persona con discapacidad" a la contenida en la Convención. Así, se considera que son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

También se modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En el supuesto de comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales, ello podría conllevar la inhabilitación para el ejercicio de estas actividades.

En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba, correspondiendo a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ya sucede en los casos de discriminación por razón de género.

Todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte -carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos- promovidos por la Administración General del Estado incorporarán una memoria de accesibilidad, para garantizar la accesibilidad universal.

Sanidad

Se modifican diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, recibiendo para ello la información necesaria en formatos accesibles. También se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias. Igualmente, las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles y comprensibles.

Otros temas

Se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros, de forma que no se podrá denegar el seguro a las personas con discapacidad por este motivo, ni se les podrán imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

Se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas con discapacidad, para garantizar su asistencia en situaciones de emergencia. Además, en el ámbito de la cooperación internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado dentro de las prioridades sectoriales y mediante la exigencia de que todos los instrumentos por medio de los cuales se pone en práctica la política española de cooperación internacional sean inclusivos y accesibles para las personas discapacidad.

Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.

Leyes que se modifican:

Las once leyes que se modifican para su adaptación a la Convención de la ONU son las que a continuación se relacionan:

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
• Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos.
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
• Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

La Convención de la ONU no establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plena con el resto de las personas, especialmente en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

Los principios generales de la Convención ya estaban recogidos en los enunciados de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003. Sin embargo, la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos en lugar de una preocupación de bienestar social.