El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la distribución de un fondo de 20 millones de euros a las Comunidades Autónomas para  la aplicación de los programas de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados y de la formación continuada de los profesionales en el uso racional de los medicamentos.

La cada vez más elevada prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados (que toman 6 o más medicamentos) en el nivel asistencial es consecuencia del envejecimiento de la población y del avance científico y terapéutico. Esto hace necesario reforzar las estrategias en este ámbito, tanto para mejorar la salud de estos pacientes como para optimizar recursos mediante el uso racional de los medicamentos.

Por otro lado, el programa de formación continuada en uso racional de medicamentos para facultativos del Sistema Nacional de Salud, se centra en diversas materias como son los medicamentos genéricos, el uso adecuado de antibióticos, las terapias avanzadas, etc.

La distribución de los fondos se hace de la manera siguiente: una cantidad fija de 35.000 euros para cada Comunidad Autónoma (incluidas Ceuta y Melilla) y el resto se reparte de acuerdo al criterio de población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística.

Contenidos del programa de atención a crónicos

El programa tiene como objetivo promover la mejora de la calidad y de la prestación farmacéutica de los pacientes crónicos y polimedicados. Para cumplir con este propósito, se llevarán a cabo acciones como:

• Control y seguimiento de tratamientos y pautas posológicas.
• Control de la eficacia y eficiencia de los tratamientos.
• Detección de posibles efectos adversos y de errores de medicación.
• Educación sanitaria a los pacientes en el manejo de la medicación.
• Evitar la acumulación de medicamentos sin usar y retirar los medicamentos caducados.
• Ayudas al cumplimiento terapéutico mediante el apoyo presencial de profesionales.

El Ministerio de Sanidad y Política Social presenta el anteproyecto de ley que adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha presentado hoy al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que adapta la normativa española a la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención Internacional; concretamente lo hizo el 30 de marzo de 2007, y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.

Además, España ha sido el primer país en presentar un informe sobre la aplicación de la Convención y será el primero en comparecer ante la Comisión de Discapacidad de las Naciones Unidas.

En esta línea, y aunque España tiene una de las legislaciones más avanzadas de Europa en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, la incorporación formal de la Convención al ordenamiento español obliga a realizar ajustes de diversas normas para hacer efectivos los derechos que recoge.

A estos efectos, por acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de julio de 2009, se creó un grupo de trabajo interministerial, para que analizara la legislación vigente. El pasado 30 de marzo, el Consejo Ministros aprobó el informe elaborado por este grupo en el que se indicaban las modificaciones que debían efectuarse en nuestro ordenamiento jurídico.

Este anteproyecto de ley modifica diez leyes, y se completará  en los próximos meses con la modificación de otras normas, de modo que se consiga la total adaptación de la normativa española al contenido de la Convención. La Convención avanza en la protección, el disfrute y la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.

Por tanto, el objetivo del anteproyecto de ley aprobado hoy es adecuar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, estas modificaciones han sido respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Contenido de la reforma

Los cambios más significativos que se introducen son:

• Se actualiza la definición legal de “persona con discapacidad” para adaptarla a la contenida en la Convención.
• Se modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Así, en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave, esto podría conllevar la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.
• En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación. Esto ya sucede en los casos de discriminación por razón de género.
• En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser accesible y adaptada a sus diversas capacidades. Lo mismo sucederá con la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.
• En lo que respecta al empleo, se incluyen las siguientes medidas:
  • En las ofertas de empleo público se aumenta el cupo de reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad, pasando de un 5 a un 7%. El 2% de aumento deberá ser cubierto por personas con discapacidad intelectual.
  • Igualmente, se ordena al Gobierno que, en el plazo de un año, promueva medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.
• Todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado incorporarán una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación a todos los ciudadanos con discapacidad.
• En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
• Se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros. De esta forma, no se podrá denegar el seguro a las personas con discapacidad por este motivo, ni se le podrán imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.
• Se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.

La Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla -dentro del Proyecto Redes Sevilla, enmarcado dentro de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) del 2007 y gestionado por el Ministerio de Política Territorial- ha ofertado cursos becados y con prácticas profesionales dirigidos a personas desempleadas con especiales dificultades de inserción laboral.

La relación de cursos, las bases y los plazos para su solicitud y otras condiciones pueden consultarse aquí.

Las solicitudes se pueden recoger en la Oficinas Municipales o descargarse en la pagina web.

Información en la pagina web: www.sevillaredes.org.

La Consejería de Educación, después del impulso que recibió en 2002 la atención a la diversidad con la primera publicación de las Guías de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad, lanza una primera revisión de dichas publicaciones, actualizándolas y situándolas en un lugar más acorde según los cambios normativos, teóricos, ideológicos y/o terminológicos que en las últimas fechas se han producido en educación, en general, y en el ámbito de la atención a la diversidad, en particular.

Estos Manuales tienen como objetivo facilitar un primer acercamiento de toda la comunidad educativa a las necesidades específicas de apoyo educativo y proporcionar pautas de intervención y estrategias a profesionales que tienen contacto con este sector del alumnado y a las familias, siempre dentro de una perspectiva global del individuo que atienda a sus necesidades personales, sociales y familiares y difundiendo además ejemplos de buenas prácticas educativas.

Los manuales en formato pdf pueden descargarse aquí.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha puesto en marcha a nivel estatal el Servicio de Apoyo a la Accesibilidad-Fiapas. Se trata de un servicio de apoyo a la accesibilidad para facilitar la comunicación de las personas con problemas de audición en los actos públicos mediante la utilización del bucle magnético y el subtitulado.

El servicio está previsto que funcione mediante la coordinación de distintos Equipos de Soporte a la Accesibilidad a la información y a la comunicación (ESAC) y comprende la asistencia técnica de un profesional de Imagen y Sonido, el equipamiento técnico para el subtitulado en remoto y el servicio de estenotipia (subtitulado en castellano o en inglés), así como la instalación eventual del bucle magnético.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad y Política Social y la Fundación ONCE y a la colaboración de la Fundación Vodafone y Vodafone.

Por el momento, el servicio funciona en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Madrid, por lo que aquellas personas que no residan en estas comunidades deberán solicitar el servicio en Madrid, a través del Servicio de Apoyo a la Accesibilidad-Fiapas.

En Andalucía, el equipo ESAC está ubicado en la siguiente dirección:
C/ Bolonia 9, 2°A
41089 - Montequinto. Dos Hermanas (Sevilla)
Tlf. 95 569 09 51
esacandalucia@fiapas.es

Más información en este enlace.

La Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) presentó el pasado 8 de junio la Guía "Monumentos, museos y puntos de interés turístico accesibles para todos" realizada por un equipo de trabajo dirigido por José Antonio Martín Rodríguez y Elena Ortega Alonso.

Esta guía, patrocinada por la Fundación Once y la Fundación Vodafone España, recoge a lo largo de 608 páginas información sobre 167 monumentos, museos y puntos de interés turístico accesibles de todas las provincias españolas, así como los detalles concretos de accesibilidad física, visual y auditiva de los mismos y las fichas de diagnóstico empleadas para su elaboración.

Los edificios de Sevilla capital incluidos en esta guía son la Catedral de Santa María de la Sede y el Museo de Bellas Artes de Sevilla y de la provincia se aporta información del Museo de la Ciudad de Carmona.

La guía puede descargarse en formato pdf.

El «Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad» tiene como finalidad reconocer públicamente la labor de calidad realizada por personas físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas, en la eliminación de las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad.

Las modalidades del Premio son las siguientes:

• «Estudios y Proyectos Universitarios»: Se destina a reconocer los trabajos realizados por alumnado de las Universidades andaluzas, cuyo contenido aborde el tema de la accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el transporte y la comunicación.
• «Medios de Comunicación»: Se destina a las personas físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas que, en el ámbito de los medios de comunicación, hayan contribuido de forma destacada a la hora de ofrecer una imagen normalizada de las personas con discapacidad, hacia la opinión pública e influido en la visibilización de la problemática específica de las mujeres con discapacidad.
• «Investigación»: Se destina a reconocer a la personas o institución cuya labor de investigación tenga como consecuencia la prevención de enfermedades, deficiencias, o el mejor tratamiento de las mismas.
• «Apoyo Social»: Se destina a reconocer a la persona o entidad que desarrolle una actividad, en el campo de la acción social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
• «Ciudad Accesible»: Se destina a reconocer al municipio o entidad que más haya destacado en la eliminación de barreras ya sea en calles, edificios, playas o transportes públicos, con independencia del número de habitantes del mismo. También se valorarán proyectos que impulsen la eliminación de barreras.
• «Voluntariado»: Se destina a la persona o entidad que, en el ámbito de la atención residencial en centros de día, en la acción tutelar o en el ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad, haya realizado una labor voluntaria destacada.
• «Aceptación de las Diferencias»: Se destinada a la persona o entidad que haya realizado una actuación desestigmatizadora en el ámbito de personas con discapacidad grave.
• «Igualdad de Oportunidades»: Se destina a las entidades que hayan incorporado el enfoque integrado de género en sus actuaciones o que hayan destacado en su apuesta por el empleo de las personas con discapacidad.

Las candidaturas podrán presentarse por los propios autores, o bien, a instancia de una entidad o institución.

• Plazo: desde el 11 de mayo hasta el 31 de julio de 2.010.
• Lugar de presentación: se dirigirán a la Dirección General de Personas con Discapacidad, presentándose en el Registro General de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, sito en la Avenida de Hytasa, 14. 41071 – Sevilla

Más información en www.juntadeandalucia.es, B.O.J.A. nº 89, de 10 de mayo de 2.010.

La ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía publicada en el BOJA el pasado 23 de junio ha modificado, en su disposición final cuarta, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía. En lo que se refiere a accesibilidad la Ley modifica el artículo 77 de modo que en su nueva redacción se otorga la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a infracciones en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, al alcalde del correspondiente municipio o concejal en quien delegue y a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de transportes, en el caso de servicios de transporte interurbano.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha publicado una guía orientativa para lograr la accesibilidad universal de los centros educativos, con el fin de favorecer la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad.

Bajo el título "La accesibilidad de los centros educativos", la guía, primera de estas características que se edita en español, establece pautas de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en las distintas esferas educativas.

Así, determina recomendaciones de accesibilidad para el entorno construido de los centros, para el transporte escolar, para el aula y demás espacios lectivos y de ocio, para los materiales y tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación y para el acceso al currículo por parte del alumnado con discapacidad.

Finalmente, incorpora un plan de gestión de la accesibilidad en el centro educativo, para facilitar a la comunidad escolar la aplicación práctica de las estrategias de diseño para todas las personas.

La guía ha sido elaborada por Francesc Aragall, director de la Fundación Internacional Diseño para Todas las Personas, y promovida y patrocinada por el Ministerio de Educación español.

El Gobierno tiene previsto aprobar después del verano un real decreto para impulsar la adaptación en braille del etiquetado de los productos para las personas con discapacidad visual.

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y política Social explicó en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo de la Cámara alta, que el texto contempla obligar a los comercios a imprimir una etiqueta en braille por producto para entregarla al consumidor, y regulará también las condiciones específicas que habrá de cumplir dicho etiquetado.

Estas etiquetas estarán disponibles en las cajas de los comercios, "para que el consumidor las pueda poner en el producto y, así, distinguirlos con claridad".

Esta opción es más útil y racional que cambiar el etiquetado de todos los productos en origen, supuesto que habría generado, además, un elevado coste "para todo el comercio".

La nueva normativa fijará también el tipo de comercios que estarán obligados a proporcionar este sistema.

En una primera fase afectará a los que tengan más de cinco establecimientos funcionando bajo la misma marca, y en cada uno de ellos se disponga de un área comercial superior a los 300 metros cuadrados.

Sin embargo, la ministra aseguró que "se deja abierta la posibilidad de extender este requerimiento a establecimientos menores".

El Gobierno tiene también previsto lanzar un servicio gratuito de información telefónica para los consumidores, "para que puedan acceder a toda la información".